Profesionalización y honestidad del Ministerio Público
Reforma constitucional: Reformar el 19 constitucional para incorporar como delitos de prisión preventiva oficiosa los relacionados con hechos de corrupción. Es reclamo social mayor fuerza para impedir la impunidad.
Reformas legislativas: Reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Reorganización administrativa y redefinición de políticas: Fortalecer la base de datos criminalísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de asegurar que todos los órganos encargados de la procuración de justicia puedan contar con información relevante en esa materia.
1. Se debe retomar como prioridad un programa de prevención social que focalice sus esfuerzos en demarcaciones prioritarias con base en factores de riesgo en una visión de modelo ecológico y con enfoque de Derechos Humanos.
2. Crear una plataforma en línea de transparencia total abierta a Organizaciones de Sociedad Civil y los medios de comunicación –en línea con las mejores prácticas de gobierno abierto– en la asignación o distribución de recursos presupuestales para acciones de prevención.
3. Establecer paralelamente mecanismos de evaluación de diseño durante y después con asesoría técnica y acompañamiento constante de las instituciones académicas y Organizaciones de Sociedad Civil expertas en la materia; para garantizar el adecuado funcionamiento del programa.
4. Distinguir claramente las acciones enfocadas al fortalecimiento de capacidades de funcionarios y policías, de las acciones enfocadas a la población beneficiaria del programa de prevención social de la violencia y el delito, separando claramente los fondos para cada propósito y evitando duplicar esfuerzos
Mejorar la procuración de justicia y reducir la impunidad
1. Fortalecer la institucionalización de buenas prácticas del Nuevo Sistema de Justicia Penal entre los organismos implementadores e instituciones estatales.
2. Mayor autonomía a Auditoria Superior de la Federación
3. Implementar mecanismos alternativos para la solución de controversias.
México debe defender los intereses nacionales y los derechos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. Para ello:
1. Es indispensable que nuestro país ponga sobre la mesa t
odos los aspectos de la relación bilateral.
2. México y Estados Unidos pueden seguir teniendo una relación provechosa y de mutuo beneficio; en una relación de enfrentamiento todos perdemos.
3. No permitiremos que se utilice a los “dreamers" como moneda de cambio.
La cooperación bilateral continuará, siempre y cuando el Presidente de EUA se conduzca con civilidad y respeto hacia los mexicanos.
Con amenazas no se puede negociar ni se puede cooperar. La prioridad del gobierno deben ser los ciudadanos, sin importar dónde vivan.
En este tema nuestro país nos necesita unidos.
1. Deberán contar con un grupo de psicólogos, terapeutas y trabajadores sociales que les brinden herramientas que los ayuden a fortalecer su mente y su espíritu.
2. Deberán al mismo tiempo recibir educación para desarrollar habilidades que los ayuden a mantener a sus familias
3. Creación de un Patronato Post- Liberación para seguir acompañando a los ex reos en diferentes empresas que accedan a tener cierto porcentaje de trabajadores que acaben de salir de la cárcel
1. Suprimir el Consejo de la Judicatura Federal y crear, en su lugar, una Sala más dentro de la Suprema Corte, totalmente dedicada a las funciones del Consejo.
2. Revisar los exámenes de oposición para la obtención de las plazas de jueces de distrito y magistrados de circuito
3. Rediseñar el sistema de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
1. Reformar el artículo 102 constitucional para facultar al Presidente de la República en la designación de un fiscal que se encargue de la específica atribución de investigar y perseguir aquellos delitos que quebranten la seguridad pública.
2. Reformar el Art. 19 constitucional para incorporar como delitos de prisión preventiva oficiosa los relacionados con actos de corrupción.
3. Reformar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
4. Reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que, a los servidores públicos involucrados en delitos derivados de actos de corrupción, se les dé el mismo tratamiento procesal que establece el sistema jurídico con respecto a la delincuencia organizada.
5. La creación de un órgano que, en los procedimientos penales, se constituya como el único representante de los intereses patrimoniales del Estado, en relación con cualquier acto de corrupción cometido en contra de cualquier entidad de la administración pública federal.
1. Que los órganos de combate a la corrupción, promoción a
la transparencia e impartición de justicia sean totalmente formados por la ciudadanía y autónomos.
2. Favorecer la economía social, soli
daria y cooperativa en la contratación gubernamental
3. Fincar responsabilidades administrativas y pe
nales por incumplimiento de licitaciones públicas o simulación.
4. Que programas de testigos sociales y c
ontroladores ciudadanos en la compra publica
sea obligatorio.
5. Instauración de CONTRATANET
6. Todas las compras públicas deben cumplir
con criterios como eficiencia, transparencia, calidad,
responsabilidad ambiental y social.
7. Priorización de los pr
oductos nacionales en compras públicas.
1. Los estudiantes de Derecho deben prestar su servicio social en las Clínicas de Asesoría Jurídica Gratuita que el gobierno federal irá implementando a lo largo de la administración.
